Texto de Hugo Gutiérrez (Reporte Indigo, 2011)

Hay dos vías de investigación aquí. Por un lado la delincuencia organizada, de los cuales hay cinco detenidos.

Pero por otro lado, quienes usan el privilegio que les confiere Gobernación para abrir casinos o para invertir en ellos. Privilegiados e inversionistas que viven entre la delgada línea de corromper jueces y magistrados, o negociar con el crimen.

Porque la expedición masiva, opaca y con favoritismo arbitrario de las autorizaciones de casinos por parte de Gobernación, provoca que unos cuantos beneficiarios utilicen esos permisos como salvoconducto para regentear la apertura de casinos en Monterrey y en todo el país.

Hay decenas de autorizaciones que se entregan a una sola persona física o moral, para que luego ese beneficiario lucre a diestra y siniestra, solamente con arrendar esos permisos a inversionistas y operadores.

Es el caso del casino Royale, donde hay dos empresas que hicieron un convenio de prestación de servicios y ahora la que regentea el permiso se quiere desligar de la operadora.

Y donde el director de la empresa operadora huyó de su domicilio, quizás del país, para ocultar su responsabilidad.

La que tiene el permiso es Atracciones y Emociones Vallarta, donde los primos en cuarto grado del ex alcalde Adalberto Madero son socios.

Y claro que tiene un grado de responsabilidad, porque es la empresa que hizo un contrato para regentear el permiso que privilegiadamente le reactivó la secretaría de Gobernación en tiempos del ex secretario, ex senador y hoy precandidato panista a la Presidencia de la República, Santiago Creel.

El consejo de administración de Atracciones y Emociones Vallarta es integrado por Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila.

También deben hacerse responsables de la tragedia porque está claro que la licencia municipal de uso del suelo del Royale tiene una halo de nepotismo. La otorgó su primo, el entonces alcalde Adalberto Madero.

Por el otro lado, está la ya muy mencionada empresa CYMSA Corporation S.A. de C.V., que es la compañía operadora que hizo el convenio con Atracciones y Emociones Vallarta para que ésta le rentara su autorización de Gobernación.

Entonces la operadora tiene una responsabilidad civil en lo sucedido en las instalaciones y quizás penal por el hecho de que las puertas laterales estaban atrancadas.

Y fundamentalmente en el hecho de que, si es cierto que Los Zetas le pedían derecho de piso, entonces por qué nunca acudió a la autoridad, ya que no existe alguna denuncia ante el Ministerio Público.

Ni los operadores, ni los regenteadores del permiso de Gobernación pueden desligarse, incluso el ex alcalde Adalberto Madero que dejó esta ciudad infestada de casinos.

Y QUIÉN ES QUIÉN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE

Con la aprehensión de Los Zetas las autoridades locales y federales no pueden dar por terminada su responsabilidad en lo ocurrido el jueves pasado.

Basta dar un ejemplo: Tuvieron que morir 52 personas para que el SAT retire cerca de 3 mil maquinitas de juego a esos negocios.

¿Por qué hasta ahora?

Secretaría de Gobernación: 

Emitió este lunes un comunicado donde informa que la administración federal de este sexenio no ha expedido nuevos permisos para abrir casinos en el país.

Sin embargo, es su obligación inspeccionar los casinos cuando van a abrir o reabrir sus puertas. Como en el caso del casino Royale, que reabrió apenas en mayo, luego de haber sido clausurado por el Ayuntamiento de Monterrey.

¿Dónde está el acta de inspección de mayo de la secretaría de Gobernación para la reapertura del casino Royale de San Jerónimo?

También, el comunicado de Gobernación dice que revisar las instalaciones es responsabilidad de Protección Civil de la autoridad local.

Pero Gobernación omite que cuando el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Nuevo León otorgó la suspensión de la clausura al casino, también protegió a los operadores de cualquier inspección y clausura de Protección Civil Municipal.

Secretaría de Hacienda:

Si existe un vacío en la investigación  de la lucha contra la delincuencia organizada en este país, es la falta de averiguaciones sobre lavado de dinero.

Actividad que es una de tantas acusaciones contra los casinos en todo el país.

Hasta hoy, luego de una década del boom de los casinos con los llamados “juegos de números”, no hay una sola investigación de lavado de dinero en esos centros de apuestas.

Además, todos en Monterrey se preguntan: ¿por qué tuvieron que morir las 52 víctimas para que el SAT confiscara 3 mil maquinitas de juego a los casinos en Monterrey?

Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo:

En su argumentación donde otorgó la suspensión al Casino Royale en mayo, protegiéndolo de un sinnúmero de autoridades, el juzgador dice que no le interesa cuál es el giro del negocio.

Esto, aunque la clausura del Municipio de Monterrey había sido motivada precisamente porque el negocio amplió sus instalaciones sin una licencia municipal, situación que obviamente involucra el número de personas que pueden estar en ese lugar al mismo tiempo.

Pero el Magistrado José Alfonso Solís dice que no importa qué giro sea el negocio, porque no es parte de la “litis” –del análisis a juzgar-.

Y en cambio, sí protege al casino de cualquier intervención de Protección Civil del Municipio y de las secretarías de Seguridad de las instancias municipal y estatal.

José Alfonso Solís Navarro renunció luego del incendio, pero sigue teniendo responsabilidad en los hechos por la redacción de la suspensión que otorgó al casino para que éste continuara funcionando hasta el incendio.

Municipio y Estado:

Pudieron preparar una estrategia jurídica para no permitir que los casinos continuaran proliferando en Nuevo León.

Y todavía más tratándose de negocios que están en la delgada línea del entretenimiento y los giros negros.

También debieron, pero no lo hicieron, crear un cerco de vigilancia especial a los casinos, porque ya habían sufrido atentados armados en varias ocasiones, incluso con granadas de fragmentación.

De hecho, en mayo el Royale fue uno de los cuatro casinos que fueron amenazados y balaceados por integrantes del crimen organizado, pero en ese caso la Procuraduría dejó en  el olvido la averiguación.

Socios de las empresas Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V. y CYMSA:

Si estaban siendo extorsionados por la autoridad o por la delincuencia organizada (Los Zetas en este caso), ¿por qué no denunciaron el hecho?

No existe algún antecedente de que acudieron al Ejército, a la Marina o a cualquier otra instancia de seguridad.

Y está claro que simplemente no existe la extorsión sin la amenaza.

Así que debieron haber sido advertidos de que si no pagaban, pagarían las consecuencias.

Entonces: ¿Por qué no cerraron el lugar si había amenazas? ¿Por qué no dan la cara si son parte afectada, y en cambio huyen del país?